enero 27, 2009
Miscelánea Anticrisis.
El debate actual sobre la respuesta del estado frente a la crisis tiene un clarísimo sesgo keynesiano. En buena medida lo que se propone es reemplazar el demanda agregada perdida a causa de la crisis internacional con demanda nacional mediante el incremento del gasto publico, poniéndose énfasis en la inversión publica.
Una discusión acerca de la existencia o no del impulso fiscal no seria más que un argumento adicional en la inmensa discusión acerca de la validez o no de los preceptos keynesianos. Lo que planteo aquí es presentar las que yo considero que seria medidas positivas a ser adoptadas por el estado peruano, frente a la crisis internacional desde una perspectiva neoclásica, es decir como tendría que ser un “paquete anticrisis” si asumimos que los agentes económicos son medianamente racionales y en que se diferenciarían estas medidas de aquellas en el discurso actualmente prevaleciente. Estos actos de política publica a mí entender serian:
1) No perder de vista la inflación: Los permanentes fracasos del BCR para cumplir con el objetivo inflación generan incertidumbre acerca de la tasa de inflación. Recordemos que la tasa de interés real es aproximadamente la tasa nominal (Aquella que sale en los contratos) menos las tasa de inflación, de esta manera los bancos toman en consideración la perdida del poder adquisitivo del dinero que han prestado. Dado que los préstamos se asignan con tasas nominales, la incertidumbre acerca del nivel de inflación se traduce en incertidumbre acerca de la tasa real de retorno de los préstamos realizados por las instituciones financieras. Los bancos se protegen de este mayor riesgo exigiendo mayores tasas de interés. Siendo una de las consecuencias de la crisis el incremento en el costo del crédito para países como el nuestro, el fallar en el control de la inflación no hace más que agravar el problema. Por ello es peligrosa la manera como la inflación ha dejado de ser un preocupación y se mantienen políticas monetarias expansivas.
Sin embargo, hay que cambiar las herramientas utilizadas para el control de la inflación. Se debe ir reduciendo los encajes con lo que se incrementan los fondos prestables, y a su ves ir retirando soles del mercado mediante la venta de dólares. Si bien el uso de esta herramienta implicaría la pérdida de algunas reservas internacionales, no afectaría el costo del crédito con la fuerza de los encajes o incrementos en la tasa de interés del BCR.
2) Desencadenar un shock inversiones en el sector privado: La inversión es el sector más sensible a los ciclos económicos y el componente privado de la misma es el mayoritario. Basta con la decisión política y el acceso a recursos para que la inversión pública tenga una conducta contracíclica. Esto no es suficiente para sostener la inversión privada la cual actúa en función de criterios de rentabilidad. Ante ello se ha planteado la reducción de impuestos como mecanismo de fomentar la rentabilidad de las inversiones. Pero no toda reducción de impuestos tendría los mismos efectos sobre la inversión, se debe buscar aquella reducción que desencadene la mayor cantidad posible de inversión privada por cada sol de recaudación al que renuncie el estado.
Una reducción del impuesto a la renta incrementa la rentabilidad de las inversiones, el problema es que reduce también la recaudación sobre la renta de inversiones ya realizadas, la mayor parte de la recaudación perdida no fomenta inversión nueva. Otro aspecto es que , dado que un proyecto de inversión genera un flujo de pagos durante un periodo de tiempo de varios años, para que una reducción del impuesto a la renta tengo un impacto significativo sobre la propensión a invertir se hace necesario que la reducción de impuestos abarque una fracción importante del tiempo de vida del proyecto. Lo mejor seria si hubiera una forma de reducir la presión tributaria sobre la inversión nueva más no sobre la ya realizada de esta forma el renunciar a fondos que podrían ser destinados a aliviar la pobreza extrema tendrá el máximo impacto social posible.
Afortunadamente existe una forma de lograr este objetivo: Permitir que durante un periodo (por ejemplo el próximo año y medio) el plazo en el que se deprecian las nuevas inversiones con fines tributarios sea de tan solo un año. Esto llevara a una revisión hacia arriba en la valorización de los nuevos proyectos de inversión, la ventaja de esta medida es que el incentivo se enfoca sobre la nueva inversión y no necesita ser permanente para tener efectos.
Una medida de este tipo desencadenaría en el inversionista privado el deseo de tomar la oportunidad e invertir lo mas posible en el presente año, reduciría la propensión a posponer las inversiones. Esto es muy importante si es que las inversiones son complementarias entre si, la incertidumbre genera un circulo vicioso en el que la resistencia a invertir disminuye la rentabilidad de las inversiones de otros agentes los cuales a su ves pospondrán sus inversiones. Una política depreciación tributaria acelerada fomentaría a los inversionistas a adelantar sus planes de inversión para así poder acogerse al beneficio tributario. Además no implica una reducción permanente del ingreso fiscal únicamente una posposición del mismo puesto que -unas ves ya depreciada la inversión- la renta sobre la cual se tributa se incrementa.
3) Impulso a la inversión pública: El estado debe permitir a las empresas pagar sus tributos con obras públicas. Es decir si una empresa tiene que pagar X millones de soles en tributos que se permita a la misma obtener un crédito fiscal por ese monto si es que construye un proyecto (Que haya ya sido aprobado por el SNIP) valorizado en un monto superior a X millones de dólares. Se puede realizar una subasta entre las empresas la que ofreciera realizar la obra a menor precio seria aquella que tendría que realizar la obra, solo se aceptaría aquellos caso en el que el privado realizaría la obra a menor costo que el estado. Se tendría un fondo de obras por un determinado valor a ser concursadas entre el sector privado como crédito fiscal.
Este sistema dos grandes ventajas sobre los actuales mecanismos de obra publica. Disminuye la corrupción puesto que se tendría que controlar a dos actores. Al SNIP para la evaluación de la rentabilidad social de la obra y la empresa privada en la realización efectiva de la obra. Las múltiples operaciones de compra de insumos y contratación de mano de obra serian llevadas a cabo por el sector privado con un criterio de minimización de costos, que difícilmente el Estado podrá tener. Es cierto que los privados tendrían incentivos a presentar obras de mala calidad pero estos incentivos no son mayores que los que enfrenta un funcionario publico en búsqueda de un “faenon” con la diferencia que el privado tiene una reputación que cuidar para poder seguir participando del sistema y que las obras serian un excelente mecanismo de relaciones publicas. Además al haber menos actores estatales involucrados se podrían concentrar en los mismos los limitados recursos de control del estado por lo que se puede esperar menores niveles de corrupción.
La otra ventaja es que los privados incurrirían en los costos gerenciales de la obra y no se hayan atados a la baja calidad del capital humano del estado. Ellos invertirán lo que sea necesario en personal calificado. A su ves se le puede poner limites de tiempo para la realización de la obra (con penalizaciones por incumplimiento) por lo que están incentivados a hacer la obra en los plazos fijados. Así no aburrirá que las obras inicien su ejecución una ves que la crisis ya a acabado.
4) Flexibilización laboral. Uno de los mayores temores a la hora de contratar personal es que lo producido por el nuevo empleado no sea suficiente para cubrir su sueldo. Ello puede ser a causa de la baja productividad del empleado pero con mayor frecuencia a un mal calculo del empresario acerca de la demanda del producto que asigno a su empleado a fabricar. En un entorno de incertidumbre como el actual la posibilidad de cometer esa clase de errores por parte del empresario de incrementa. Una reducción en los costos del despido reduce el riesgo de emplear a aquellos trabajadores que se vean desplazados por a crisis prolongando su desempleo. El énfasis de una flexibilización laboral debería darse entonces en la reducción de los costos de despido, más que en los “sobrecostos” cuyo impacto es muchísimo menor al que los empresarios generalmente suponen.
Bueno en esto consistiría el “paquete anticrisis” que me gustaría ver implementado aunque sospecho que el statuo quo político-económico vigente difícilmente permitirá que se diera.
Segundo Optimo 
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